Reportaje. Inmigración.
Josué Díaz Moreno
FALACIAS RECURRENTES 1
Durante el periodo 2000-2010, la
población de origen inmigrante creció casi en 5 millones en España[1]. En los años de mayor
crecimiento y auge económico del periodo (durante 2000-2007), la mano de obra
extranjera aportaba 1,3 puntos porcentuales del PIB sobre un crecimiento de 3,4
puntos[2].
En Almuñécar, el padrón municipal
registraba en 2012 6.834 personas de
origen inmigrante. Destacan por su presencia mayoritaria los ciudadanos
comunitarios (británicos, alemanes, rumanos y belgas). Entre los extranjeros
extracomunitarios hay una mayor presencia de marroquíes, argentinos y
senegaleses. En este caso, no contamos con datos para poder determinar su aportación al
crecimiento económico de la ciudad, pero puede que más de uno se llevara una
sorpresa.
Todos sabemos muy bien en qué sectores
se ha ocupado preferentemente la mano de obra inmigrante: agricultura, hostelería,
construcción y cuidados. Por ello duele ahora, presenciar determinados
comentarios y actitudes xenófobas de un sector de la ciudadanía. Que vienen a
robarnos y a cometer crímenes, que nos quitan nuestros trabajos, que colapsan
los servicios sanitarios y se les atiende antes que a los españoles, que son
los primeros en recibir ayuda social, etc.[3]
Veamos qué hay de cierto en ello.
Inmigración
y delincuencia.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística,
el porcentaje de extranjeros condenados por la comisión de delitos, suponía en
2008 un 30% del total de los delitos cometidos en España. El 15% de ellos fueron
cometidos por personas de nacionalidad latinoamericana y africana. Si tomamos
como referencia el año 2012, el porcentaje es todavía inferior (25,8% frente al
74,2% para el caso de los españoles).
Se consta pues, que no es cierto que
los inmigrantes delincan en mayor medida que los ciudadanos nacionales. Por lo
tanto, primera falacia desmontada.
Inmigración
y desempleo.
Si tomamos los datos aportados por el
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes[4], actualmente, el 39,21% de
los trabajadores extranjeros se encuentra en situación de desempleo. Entre los
trabajadores nacionales la tasa de desempleo se sitúa en el 25,11%.
Si bien es cierto que la crisis actual
ha supuesto una generalización y agravamiento del precariado laboral, no es
menos cierto que dentro de esta nueva clase social, las personas de origen
inmigrante ocupan la escala más baja y soportan mayores condiciones de
explotación. Según datos de 2010, la temporalidad entre los trabajadores
extranjeros era del 39,5% frente al 24,8% registrada entre los trabajadores
españoles. En relación a las condiciones salariales, el salario medio anual de
los extranjeros era un 49% menor que el que percibían los españoles (10.256
€/año frente a 20.206€/año); más aún, el 33,8% de los trabajadores extranjeros
percibían una remuneración inferior al Salario Mínimo Interprofesional,
mientras que entre los trabajadores nacionales la tasa era del 17,1%[5]. Sin ir más lejos, en nuestra comarca, según
diversas fuentes consultadas, se estarían registrando contrataciones 2x1 en el
campo.
Los datos aportados evidencian que la
mano de obra inmigrante no representa una amenaza para los trabajadores
españoles. Al contrario, se trata del colectivo que sufre en mayor medida la
voracidad del empresariado sin escrúpulos y la informalidad y precariedad de
nuestro mercado de trabajo. No se puede, por tanto, seguir sosteniendo el
argumento de que los trabajadores extranjeros arrebatan puestos de trabajo a
los españoles.
Inmigración
y salud.
El 27,9% de los españoles considera
que las personas de origen inmigrante abusan de los servicios de atención
sanitaria y el 31% sostiene que los usuarios extranjeros colapsan los servicios
sanitarios. Como consecuencia de ello, según una parte del imaginario
colectivo, la calidad de la atención sanitaria se vería reducida en perjuicio
de los pacientes españoles[6].
Nada más lejos de la realidad, las
personas de origen inmigrante realizan una media de 6,4 visitas médicas al año, frente a 11,1
visitas médicas en el caso de los españoles[7].
Por otro lado, desde la sociedad civil[8] se está denunciando que la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, ha
supuesto la exclusión del sistema sanitario español de 900.000 personas, de las
cuales 873.000 son inmigrantes sin tarjeta sanitaria.
Se trata de seres humanos que sufren
una vulneración del derecho a la salud, que, por si a alguien se le ha
olvidado, es el artículo 43 de la C.E., (también consagrado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la
Protección de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares) y como tal,
derecho fundamental, universal e irrenunciable para los poderes públicos y la
sociedad. Otra cosa es que nos empeñemos en negar la importancia y vigencia de
los Derechos Humanos, lo cual se traduce en muertes, como fue el trágico caso
de Alpha Palm. Una desgraciada muerte, producto de una gran mentira[9].
Inmigración
y exclusión social.
Si tomamos como referencia los datos
de asistencia a personas en situación o riesgo de exclusión social por parte de
Cáritas y Cruz Roja Española, encontramos que las personas extranjeras son en
mayor medida los principales afectados por la crisis.
En Cáritas, por cada usuario español
hay 5 usuarios de origen inmigrante (el 46,3% del total de los usuarios
atendidos por la organización son extranjeros[10]).
Según el Indicador Global de
Vulnerabilidad elaborado por Cruz Roja, las personas con mayor vulnerabilidad
en España son aquellos extranjeros que provienen de África Subsahariana (se
encontrarían en situación de riesgo extremo)[11].
A tenor del análisis efectuado,
podemos constatar que los tópicos sobre la inmigración no son más que falacias.
El colectivo inmigrante ha sufrido en mayor medida el impacto de la crisis
económica y financiera, de tal manera que presenta mayores tasas de desempleo y
pobreza, y se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, agravada por
la pérdida de derechos fundamentales como el derecho a la salud, sin que ello
haya supuesto en ningún momento un aumento de las tasas de criminalidad entre
este colectivo.
La inmigración es el sector de la
población donde la pobreza es más severa, profunda y crónica. No son por lo
tanto, nuestros enemigos ni competidores, si no los parias, los desechados del
sistema y en mayor medida perjudicados por la crisis. A otros, los de siempre,
les interesa enfrentar a la ciudadanía, dividirnos, separarnos, para no alimentar,
para no fortalecer y nutrir esa conciencia ciudadana de clase indignada,
estafada, engañada, simiente de cambio y verdadero poder transformador.
Falacia. Insolidaridad. Tontura.
Eso es lo que vemos detrás del rechazo
y el estigma que se focaliza hacia la población inmigrante. Sus defensores no
tienen memoria y andan escasos de raciocinio. Puede que hayan olvidado que
alguna vez pertenecieron a una raza llamada humanos.
Lo cierto es que desde el sofá de
casa, se digiere bastante bien el almuerzo mientras las cuchillas de la valla
de Melilla no nos rozan. Y también se duerme ciertamente bien sin tener que
huir de guerras, hambrunas y villas-miseria, jugándose la vida en colchones
hinchables sobre el mar o bajo las ruedas de un camión.
No somos conscientes. Quizás no
queramos serlo. Porque se vive más cómodo bajo la falacia de los recursos
insuficientes y escasos, porque resulta más simplista negar el valor de la
solidaridad y no querer entender de redistribución e igualdad. Porque frente a
la empatía, ya tenemos las fronteras. Y la solidaridad, para los utópicos, no
sea que tenga que esforzarme en entender, compartir, cooperar, ofrecer, amar,… y
a fin de cuentas me acuerde de ser un humano otra vez, con lo cansino que
resultaba.
[1] En el año 2000 la población de
origen inmigrante residente en España era de 923.879 personas; en 2010 la cifra
de extranjeros en España se situaba en 5.747.734.
Instituto
Nacional de Estadística.
[2] Si se considera el periodo 2000-2010, la
aportación de los trabajadores de origen inmigrante al PIB es de 1 punto
porcentual sobre 2,1.
Observatorio
Permanente de la Inmigración. “Inmigración y mercado de trabajo”. Informe 2011.
[3] Según Informe de la
Organización Internacional de las Migraciones, el 20% de los españoles está de
acuerdo con la expulsión de los inmigrantes en situación administrativa
irregular, el 43% opina que los parados de larga duración de nacionalidad
extranjera deberían abandonar el país; el 37% de los españoles rechaza
abiertamente la inmigración, el 33% es tolerante y el 30% se muestra indeciso.
Organización
Internacional de las Migraciones, “Impacto de la crisis sobre la población
inmigrante en España”, informe 2012.
[4] Foro Social de los
Inmigrantes, “Informe anual sobre la situación de la integración de los
inmigrantes y refugiados en España”, sept. 2013.
[5] Observatorio Permanente de la
Inmigración, “Inmigración y mercado de trabajo”, informe 2011.
[6] Foro Social de los
Inmigrantes, “Informe anual sobre la situación de la integración de los
inmigrantes y refugiados en España”, sept. 2013.
[7] Ibidem.
[8] Amnistía Internacional, “El
laberinto de la exclusión sanitaria”,
julio 2013; Médicos del Mundo, Campaña “Nadie desechado”.
[10] Cáritas España, “VIII Informe
del Observatorio de la Realidad Social. Empobrecimiento y desigualdad social”,
octubre 2013.
[11] Cruz Roja Española, “Informe
sobre la vulnerabilidad social 2011-2012”, 2013.
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