Democracia Participativa-Buen Gobierno

Edición 2. Febrero 2014


A fondo.
Emilio Estévez

VICIOS Y VIRTUDES:
LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL COMO BASE DE LA DEMOCRACIA DE CALIDAD 
“Creo en la política transparente, porque confío en la política, pero no confío en los políticos. Una forma de hacer política en la que no se oculte nada, en la que toda información se haga pública, beneficiaría al ciudadano, pero sobre todo, al político y a la Política. Permitiría acabar con las corruptelas y amiguismos, el político recuperaría su prestigio y la confianza de los ciudadanos, y de esta forma volvería a servir al pueblo, y no solo a los suyos.”

Hoy día, en la sociedad, en la calle, en los bares, en cualquier rincón de España se escuchan frases como las siguientes: “todos los políticos son iguales”, “son todos unos corruptos”, “solo dan trabajo a los suyos”, “se aprovechan de su posición para enriquecer a sus amiguetes”,…
En España hemos llegado a un punto que estas preguntas son tan recurrentes que requieren un análisis muy profundo y de mucho calado.
En este reportaje no vamos a analizar si esas frases son del todo ciertas, si son medias verdades o son falsas. Trataré de exponer otra realidad, la necesidad que tiene la ciudadanía de conocer, de saber en qué se invierte su dinero, cómo se contrata en su ayuntamiento, a qué empresas se adjudican las obras a ejecutar, etc. En definitiva, profundizaremos en la Transparencia, en las cuestiones relacionadas con el acceso a la información, lo cual requiere un cambio en la forma de hacer política, un cambio sustancial y otro enfoque por parte de los políticos a la hora de concebir la ciudadanía y la democracia.
Una forma de hacer política en la que no se oculte nada, en la que toda información se haga pública, beneficiaría al ciudadano, pero sobre todo, al político y a la Política. Permitiría acabar con las corruptelas y amiguismos, el político recuperaría su prestigio y la confianza de los ciudadanos, y de esta forma volvería a servir al pueblo, y no solo a los suyos.
Para recuperar esa confianza se podría empezar por el Código de Buen Gobierno[1] que ya se aprobó por todos los partidos políticos de nuestro municipio.
¿Qué es el Código de Buen Gobierno Local?
Es un documento que la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó el 15 de Junio de 2009 por unanimidad de todos los grupos políticos. Este código reúne los principios de transparencia y ética pública, junto con medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local.
Este texto fue remitido a todos los ayuntamientos para que lo ratificaran y lo incorporaran en su normativa y funcionamiento. En nuestro Ayuntamiento no se hizo por voluntad propia, fue a raíz de la petición expresa de la Plataforma Ágora Sexitana[2].
Este texto tiene muchas recomendaciones para conseguir ayuntamientos transparentes, modernos y eficaces.
Pero desde nuestro Ayuntamiento, a pesar de su aprobación, no se están llevando a cabo la mayoría de las recomendaciones. Algunas ya se cumplían, pero las de mayor calado siguen sin llevarse a la práctica. Pareciera que lo que se aprueba en los plenos, no vale de nada.
Más aún, desde el pasado 9 de diciembre, contamos con la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta Ley obliga a todas las Administraciones Públicas, entre ellas a las Entidades Locales, y va más allá de las indicaciones del Código de Buen Gobierno.
Los Ayuntamientos, tendrán hasta el 9 de diciembre de 2015 para adaptarse a las prescripciones de la Ley.
En el desarrollo de ese proceso por transparentar la información de acceso público, existen numerosos indicadores para medir la transparencia de las Administraciones Públicas. A continuación, analizaremos el informe ITA.
¿Qué es el informe ITA?
Estas siglas significan Indicie de Transparencia de los Ayuntamientos. Se trata de un informe realizado por la ONGD TI, Transparencia Internacional, organización no gubernamental  internacional dedicada a combatir la corrupción.

El ITA constituye una herramienta para medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los Ayuntamientos españoles. En esta cuarta edición del ITA (2012), se evalúa la transparencia de los 110 mayores Ayuntamientos de España, y ello a través de un conjunto integrado de 80 indicadores.
Las seis Áreas de transparencia que se evalúan en el ITA son las siguientes: a) Información sobre la Corporación municipal; b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad; c) Transparencia económico-financiera; d) Transparencia en las contrataciones de servicios; e) Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas. f) Indicadores nueva Ley de Transparencia. Con la aplicación de ese conjunto de 80 indicadores, cada Ayuntamiento obtiene una puntuación individual, de forma que surge un Ranking o Clasificación del nivel de transparencia de los 110 Ayuntamientos citados.[3]

Como  se puede observar, el informe consta de seis áreas y cada área a su vez consta de unos indicadores, los cuáles determinaran la transparencia de dicho ayuntamiento.
Es cierto que nuestro Ayuntamiento no entra en este informe de 2012, pues no es de los 110 ayuntamientos más grandes de España. Pero esta herramienta puede ser muy útil para poner A nuestro Ayuntamiento en un alto grado de transparencia, simplemente llevando a la práctica los indicadores que nos muestran e incluso poniendo otros indicadores que se consideren oportunos.
“A través del ITA se busca, en definitiva, propiciar un mayor acercamiento de los Ayuntamientos a los ciudadanos, fomentando el aumento de la información que éstos reciben de las corporaciones locales, tanto sobre la situación de los propios Ayuntamientos, como sobre las actividades que realizan, y también sobre las prestaciones y servicios a los que pueden acceder los propios ciudadanos.”[4]
Como decimos, algunos indicadores se cumplen en nuestro Ayuntamiento, pero muchos de ellos no se cumplen y como ciudadanos debemos exigirlos.
Debemos contar con una página web acorde con nuestro municipio, bien detallada, con una base de datos con acceso a todas las partidas presupuestarias del Ayuntamiento. Se trata, en definitiva, de un apartado de Transparencia Municipal, en el que se vean las seis áreas que dice el ITA y sus indicadores.
Un ejemplo práctico son los Ayuntamientos de Alcobendas o Bilbao, primeros en el ranking del informe ITA, como los ayuntamientos más transparentes de España[5].
Nuestro Ayuntamiento está lejos de estos indicadores y aún más, de una web a la altura de lo que la transparencia requiere. Un ejemplo son los presupuestos municipales de 2013, los cuales están publicados pero sin desglosar. Cuando entre en vigor la Ley de Transparencia, dentro de dos años, deberá de estar detallada, entre otra información, los gastos destinados a Asociaciones, lo destinado a cada barrio por sus fiestas, los contratos que se realizan con cualquier empresa que preste un servicio municipal, de qué empresa se trata y qué labor va a desempeñar, etc.
Falta información, información que por la salud política, democrática y ciudadana se necesita. No se pierde nada por publicar todo lo que se hace con el dinero de todos, al contrario se gana.
Por lo tanto, la base para acabar con los vicios de los políticos, esos vicios adquiridos de no mostrar nada, por ocultarlo todo, del amiguismo, del enchufismo, etc. es la virtud y la constancia del ciudadano de exigir transparencia, una transparencia que ayuda a una mejor gestión de nuestro Ayuntamiento, a la que la Ley obligará en el plazo de dos años.
Hay que dejarlo claro una vez más: la transparencia es necesaria. Con ella acabaríamos con los vicios adquiridos de la clase política, acabaríamos con muchas formas de corrupción y manipulación, facilitaría para combatir el sectarismo y lo más importante, se evidenciarían los políticos de vocación, el político que gobierna para todos. En el sentido contrario, el pueblo empezaría a cambiar la opinión que tiene sobre los políticos, porque cuando el pueblo tiene acceso a la información, a toda, el político se pensaría las cosas dos veces, se pensaría a qué empresa adjudicar una obra, o a quién contratar, o la forma de contratar, o en qué se gasta el dinero y de qué forma.
El pueblo quiere saber, necesita saber y debe saber. La Ley de Transparencia entrará en vigor dentro de dos años, no esperemos hasta el último momento para satisfacer las demandas de transparencia y mayor control público.



[2] Moción presentada a pleno por IU a propuesta de la plataforma ciudadana Ágora Sexitana, aprobado por unanimidad el 11 de junio de 2013.


Edición 1. Enero 2013

Reportaje. Barrio de la Concepción.
 Emilio Estévez

MALABARES Y GUERRERAS

 “No es el momento de repercutir este impuesto al vecino, al ciudadano”, nos dice María mitad indignada, mitad resignada, “por ello hemos intentado movernos todos juntos para reclamar nuestros derechos. Somos 60 vecinos, todos en una difícil situación”.


Quedo con María y Carmen[1] en una cafetería cercana a nuestro barrio, La Carrera de la Concepción, popularmente conocido como La Chana. Nos disponemos a tener una charla informal para conocer sus inquietudes, sus miedos, sus preocupaciones y trasladar a la sociedad almuñequera la situación de estas dos luchadoras, que es la situación de mi barrio.

El día es soleado, nos sentamos en la terraza. Son las cuatro de la tarde. María pide un descafeinado y Carmen un café con leche. Empezamos la charla.

María me comenta que está en paro. Su marido, en la misma situación, solo recibe una pensión de 426 euros al mes por una jubilación anticipada. Llevan así 5 años. María tiene 50 años, su marido 57. Tienen cuatro hijos y cuatro nietos, todos en paro. A la hora de comer son 14 en casa. “Tengo que hacer malabares para poder llenar todos los días los 14 platos. 14 bocas que alimentar”, -repite incrédula, como si al decirlo no lo creyera posible.

Para Carmen, más de lo mismo. Vive con su marido y un hijo. Tiene dos hijos más y tres nietos, ninguno con trabajo estable. Para almorzar son siete. El único sueldo que entra en casa es la paga para desempleados de larga duración mayores de 45 años, y se les acaba en marzo. Esta situación la tiene angustiada. Carmen tiene 58 años y su marido 59. La incertidumbre y el miedo a que llegue el mes de marzo, la tienen en un “sin vivir continuo”, porque sus preguntas no tienen fácil respuesta ¿qué harán?, ¿qué trabajo van a encontrar?, ¿quién les va a ofrecer una oportunidad?

María y Carmen no han tenido una vida fácil. Pero actualmente atraviesan una de las peores rachas. Ellas aún no ven la luz que les anuncian, y la salida del túnel se les antoja difícil.

María y Carmen, y sus familias, como el 28% de la población de España, se encuentran en una situación crítica, en riego o en situación de pobreza. Algo más de 13 millones de personas. 3 de cada 10. Todas, expertas en malabares. Se dice pronto.[2]

La principal causa de su pobreza actual es la falta de ingresos, derivada del desempleo, que a su vez, será la causa de una pobreza futura. Pues por la edad, y por las pocas oportunidades labores existentes, María y Carmen ven reducidas las posibilidades de encontrar trabajo, y si acceden a alguno es precario, temporal y sin cotizar. Todo esto conllevará graves consecuencias sobre sus pensiones futuras, que serán bajas, lo que las mantendrá en la misma situación actual: malabares, más malabares.

María y Carmen son beneficiarias desde el año 1985 de una vivienda social, lo cual es un alivio a día de hoy, pues nunca han tenido que pagar hipoteca ni verse amenazados por desahucio. Como beneficiarias del régimen de alquiler social, pagan una renta baja a la Junta de Andalucía, propietaria de las viviendas.

En 2013, la Junta de Andalucía ha empezado a repercutirles, junto al recibo de alquiler, el valor prorrateado del Impuesto de Bienes Inmuebles con carácter retroactivo aplicado desde el año 2011.
El propietario debe asumir el pago de este impuesto municipal, pero la Junta de Andalucía se ampara en que “soporta muchos gastos, que el alquiler que pagamos es bajo, y que para que se puedan construir más viviendas sociales y poder seguir gestionándolas, estos gastos deben correr a cargo de los inquilinos”, nos traslada Carmen con indignación.

¿Pero qué es poco? Según lo que se gane, ¿verdad? Pues sí, para María o Carmen, con todos los miembros de su familia en desempleo, lo mismo ese poco es demasiado. El Impuesto de Bienes Inmuebles para María o Carmen tiene un valor de 18 € al mes. Con esta cantidad, muchas de las familias de mi barrio, como las de María o de Carmen, pueden llenar los platos al medio día, o pagar una parte del recibo de luz o de agua.

 “No es el momento de repercutir este impuesto al vecino, al ciudadano”, nos dice María mitad indignada, mitad resignada, “por ello hemos intentado movernos todos juntos para reclamar nuestros derechos. Somos 60 vecinos, todos en una difícil situación”.

Este verano, los vecinos afectados se constituyeron en Plataforma para negociar con las Administraciones. El asunto es confuso y mareante, y lejos de aclararse, se torna más complejo, y como siempre, burocrático y politizado.

La Junta, en concreto, la Empresa Pública de Suelo Andaluz (EPSA), sostiene que debe ser el Ayuntamiento quien bonifique el IBI, alegando que se trata de un programa social en beneficio del municipio. El Ayuntamiento de Almuñécar, por su parte, argumenta que el sujeto obligado al pago es la Junta y que por lo tanto, si bonifica a los vecinos estaría generando un agravio comparativo. No obstante, reitera su compromiso a los vecinos de negociar con la Junta la bonificación del IBI de 2014 si ésta, a su vez, se compromete a no repercutir el IBI a los vecinos por los periodos de 2012 y 2013. Finalmente, EPSA se ha comprometido, a través de Izquierda Unida Almuñécar, a convocar a los vecinos a una reunión informativa para tratar el asunto en profundidad. Porque el asunto tiene más profundidad, no acaba aquí.

Hace 10 años, la Junta de Andalucía, sabedora de que entre los vecinos se habían producido compra-ventas lucrativas contraviniendo la finalidad exclusivamente social de las viviendas, decidió ofrecer a los vecinos la posibilidad de adquirir en régimen de propiedad las viviendas a precio justo y social, tratando de acabar con estas corruptelas.
A partir de aquí se generan las distorsiones y problemas en las comunidades de vecinos, donde conviven propietarios e inquilinos, porque no todos realizaron la compra de la vivienda que disfrutaban en régimen de alquiler social. ¿Quién debe abonar los gastos de reparación de ascensor?, ¿la limpieza de azoteas, desatranques,…? Comienzan a surgir las rencillas y envidias. Se acentúa la desigualdad y la división entre los vecinos. “La avaricia y la corrupción de unos pocos, ha traído la división y separación del barrio”, nos dice María, desengañada, mientras apura el café.

Mientras las Administraciones se trasladan responsabilidades y se afanan en promesas vanas hacia el ciudadano, María y Carmen siguen pagando un impuesto que consideran injusto e inmoral; un impuesto enmascarado junto al recibo de alquiler, para que no haya forma de evadirlo; un impuesto que deben pagar los propietarios, no los inquilinos.

Les pregunto a María y Carmen qué se puede hacer, y me comentan que están sin ganas de luchar, aburridas, y lo peor de todo, a base de pastillas para dormir. Me cuentan que están hartas de la situación de su barrio, que se sienten engañadas también con la bolsa social. Que no les gusta que tan sólo se acuerden de ellas cuando toque votar, que sigue sin haber oportunidades en su barrio y lo peor de todo, lamentan, no hay unión y faltan apoyos y guerreros, por vergüenza o por miedos.

Me despido de María y Carmen, que se marchan a sus quehaceres y malabares. Yo me quedo en la cafetería apurando un cigarrillo. Me viene a la memoria mi equipo de fútbol- sala del barrio,  con el que empecé a jugar y aprendí los valores de compañerismo, solidaridad, trabajo, esfuerzo.  Ese equipo se llamaba Los Guerreros de la Chana. Me quedo pensando que María y Carmen son dos auténticas guerreras, que entre malabares, pastillas y tristezas, mantienen en pie a mi barrio, mientras otros, los de siempre, perturban su sueño.




[1] Son nombres figurados de estas dos vecinas que prefieren guardar el anonimato.
[2] El umbral de la pobreza en España, para una familia de 2 adultos y 2 hijos menores a cargo, está en los 14.700 € anuales. La pobreza severa se sitúa en el umbral de los 307 € mensuales.  

1 comentario:

  1. Como María y Carmen muchas temen por su futuro inmediato, esto es insostenible, todos conocemos los problemas, y necesotamos soluciones.
    Muy bueno Emilio, un abrazo.

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